Las deportaciones ilegales de migrantes irregulares y el robo y maltrato que estos sufren por parte de las autoridades griegas, descubiertos por EL PAÍS y el medio griego Solomon, suponen una intolerable práctica sistemática de violación de los derechos fundamentales, las directivas de inmigración y los convenios internacionales en materia de asilo y refugio. El Gobierno de Atenas está obligado no solo a investigar y dar extensas explicaciones de los hechos, sino a adoptar inmediatamente medidas que pongan fin a estos abusos.
La investigación ha analizado 374 incidentes sucedidos entre 2017 y 2022 en los que más de 20.000 migrantes fueron deportados ilegalmente desde Grecia a Turquía por las fuerzas de seguridad helenas. En 232 de estas ocasiones se produjo un robo de dinero y objetos de valor, incluyendo teléfonos móviles, por parte de agentes griegos que participaban en el operativo. Contraviniendo las disposiciones tanto europeas como de la misma legislación griega, la detención de los migrantes interceptados no queda registrada ni se les ofrece la posibilidad de pedir asilo. Son trasladados a diversas instalaciones —en ocasiones, comisarías de policía y cuarteles del Ejército— y, antes de ser embarcados en lanchas inflables hacia Turquía, son despojados de sus pertenencias. Organizaciones de derechos humanos denuncian que además para los trayectos de vuelta la policía griega tiene coaccionado a un grupo de migrantes que utiliza como patronos de esas precarias embarcaciones.
El robo de teléfonos móviles es especialmente significativo, porque además de su valor económico constituyen el único vínculo que el migrante tiene tanto con su familia en origen como para poder compartir información durante su trayecto e, hipotéticamente, con quienes le puedan ayudar en destino. Pero sobre todo, gracias a sus registros de conexión, los aparatos son una prueba física de la presencia del migrante en territorio de la Unión Europea y, por tanto, de la completa ilegalidad de su deportación.
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Las devoluciones ilegales de migrantes están confirmadas además por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y dos fuentes de la Agencia Europea de la Guardia de Frontera y Costas (Frontex) han reconocido que son una realidad normalizada y no solo en la frontera griega. Es cierto que Grecia es uno de los países de la UE que reciben más presión migratoria irregular, que estuvo en primera fila de la gran crisis migratoria de 2015 —la cual puso a toda Europa en una grave tesitura— y que comparte frontera con un vecino, Turquía, que hace de la presión migratoria un arma de negociación política y económica contra Bruselas. Pero tampoco hay que olvidar que Atenas recibe ayuda de la UE para tratar de afrontar la situación —solo en 2020 la Comisión comprometió 700 millones de euros a Grecia exclusivamente para esta tesitura— y sobre todo, que tanto los principios fundacionales de la UE como la misma Constitución griega no toleran el trato vejatorio ni el abuso de poder, que es precisamente lo que está sucediendo de manera sistemática.
La complejidad del problema exige de todos, y sobre todo a la misma UE, reimpulsar el debate sobre un drama humano persistente y que exige algo más que remedios coyunturales de carácter represivo. La flexibilización de las políticas de fronteras y una regulación más inteligente y humanitaria de la migración irregular no pueden seguir estando fuera de las prioridades políticas de los líderes europeos.