El Gobierno aprueba el reparto de 2.803 millones de euros para la inserción de parados, la cifra más alta de la historia
Laura Olías
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Partida histórica de recursos públicos para la inserción laboral de las personas en paro. El Gobierno de coalición ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el reparto de más de 2,8 millones de euros para las políticas activas de empleo (PAE) de 2023 dependientes de las comunidades autónomas, ha explicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Se trata de la cifra “más alta de la historia”, ha destacado el Ministerio de Trabajo que lidera.
“Es la mayor inversión de fondos públicos para la mejora de la empleabilidad en España”, ha subrayado Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha sostenido que el “pico más alto” previo en políticas activas de empleo era de 2011 y que ahora se ha superado.
La suma total, en concreto de 2.803.847.030 euros, está financiada “fundamentalmente por 2.571.961.030 euros a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, detalla el Ministerio de Trabajo, a los que se unen “otros 231.886.000 euros aportados por el presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
Yolanda Díaz ha criticado los “recortes” del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, tanto en las políticas activas de empleo, hasta los “1.300 millones de euros”, como en la propia protección por desempleo. Uno de esos recortes, la reducción de la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes en paro, fue revertido por el Gobierno de coalición el pasado febrero a través de los Presupuestos.
Foco en los parados de larga duración
La responsable del Ministerio de Trabajo ha explicado que en esta ocasión las políticas activas para facilitar la inserción laboral pondrán especial foco en las personas paradas de larga duración, aquellas en desempleo durante más de un año. A este grupo “se dedicarán una parte importante de estos fondos”, destaca el Ministerio.
Se trata de uno de los colectivos más numerosos entre el total de parados, más de tres millones de personas según la EPA, y que no desciende al igual que otros en los que se están logrando más avances, como los jóvenes. Yolanda Díaz lo ha considerado “el problema central del desempleo en España”, siendo en sí mismo el paro una de las mayores lacras y deberes pendientes de nuestro mercado laboral, con una tasa en descenso (niveles mínimos desde 2008), pero que se sitúa a la cabeza de Europa, del 12,9%.
Díaz ha lanzado además un “llamamiento” a los empresarios y empresarias del país, para que contraten a estas personas y que valoren la experiencia y el valor laboral de los trabajadores a partir de 45 años. “No pueden prescindir del talento de las personas en lo mejor de su carrera”, ha afirmado la vicepresidenta segunda.
La ministra ha recordado que, fruto de la reciente Ley de Empleo, se han actualizado las políticas activas. Entre las novedades, se ha establecido su evaluación y “la consecución de objetivos específicos”, recuerdan en Trabajo.
La distribución territorial definitiva de estos recursos públicos se aprobará en una Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con las comunidades autónomas, “que se celebrará en las próximas semanas”, añade el Ministerio.
Nueva Ley de Economía Social
La vicepresidenta segunda ha presentado también algunas líneas generales del Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, que incluye modificaciones en la ley de cooperativas, en la reguladora de las empresas de inserción y la actual de economía social, para “modernizar” la legislación de este modelo de economía que supone “el 10% del PIB”. Un peso muy relevante, ha destacado Yolanda Díaz, que ha puesto como referencia el 12% que supone el turismo.
Entre las novedades de para las cooperativas, Yolanda Díaz ha destacado la creación del “Comité de Igualdad”, como órgano social que desarrolle los Planes de Igualdad Cooperativos, “con las mismas pautas” que los planes de igualdad a los que están obligadas las “empresas ordinarias”, ha indicado. También la eliminación de “obstáculos” a estas, así como la modernización para procesos internos, como los “votos digitales” en procesos de participación interna. Díaz ha destacado que se fomentarán las cooperativas, pero también perseguirá el fraude para las que no cumplan con sus preceptos.
De cara a las empresas de inserción, la responsable de Trabajo ha destacado que se amplían el concepto de vulnerabilidad para apoyar a personas de difícil inserción y se apuesta por el acompañamiento “individualizado”.